Los avances en asignación de recursos para los estudiantes universitarios, y por ende a la posibilidad de poder entrar en dichas instituciones son notorios. Sin embargo, con la mayor tendencia a que mayores niveles de la población tengan la oportunidad de estudiar (hoy hay 542.000 personas en la Educación Superior), la capacidad que tiene el Estado de financiar los estudios de estos se hace cada vez más difícil. Hoy, solucionado en parte la asignación de fondos a las universidades del Consejo de Rectores, por la implementación del acuerdo CONFECH - MINEDUC, que da cobertura del 100% del arancel para los estudiantes pertenecientes a los tres quintiles más pobres de la población, estaba el otro problema: como se podría financiar los estudios universitarios de jóvenes que ingresan especialmente a universidades privadas y centros de formación técnica, y estudiantes, que con el tradicional sistema estatal de asignación de fondos , no calificarían para una ayuda económica.

El crédito con aval del Estado, a la razón de los acontecimientos, sería el punto de inflexión para una solución integral de todos los estudiantes universitarios y cumpliría la premisa del Presidente Lagos de que “todo alumno con capacidad tendría derecho a estudiar, sin que primaran aspectos económicos”. Hoy nos vemos enfrentados a una comedia de desmentidos y afirmaciones, por la bochornosa entrega de las listas de beneficiados por parte del MINEDUC, 14.000 inicialmente que aceptó, en primer término, a una gran mayoría de postulantes del quintil IV y V, con un mayor ingreso per. cápita familiar, en desmedro de los primeros tres quintiles. “Error Informático” dirían las autoridades. Creemos que como jóvenes esas no son respuestas para autoridades que llevan responsabilidades en el ministerio por más de 16 años, y que se suponen han adquirido una previa “expertise” en sus funciones.

El poco valor de las autoridades del Ministerio de reconocer errores como estos, y dejar en la incertidumbre a miles de familias y jóvenes, que con este nuevo fondo de crédito tienen la posibilidad de poder estudiar en la universidad, no tiene ninguna justificación. Las declaraciones emanadas de la autoridad han sido totalmente dubitativas y contradictorias: después del error, se previó dar acceso al crédito a 14.000 nuevos estudiantes más, llegando a 40.000 por palabras del Presidente Lagos, rectificado al momento por las 39 Instituciones acreditadas con la opción de otorgar estas ayudas a sus estudiantes, que sólo podrían dárselo a 28.000, de los 50.000 postulantes con capacidad de acogerse a dicho fondo, dando como argumento que el sistema no tiene la sustentabilidad para entregar tal nivel de créditos, y que esta fortaleza del sistema se alcanzaría después de 5 a 6 años en funcionamiento. ¿Por qué tamaño nivel de descoordinaciones y de contradicción entre personas e instituciones que se supone tienen la información y actúan de manera conjunta? A diferencia del tradicional crédito de Fondo Solidario, los fondos son asignados por el Sistema Bancario y no por el Estado, que junto a las Universidades dan la garantía de pago a estas instituciones, durante el egreso y el estudio de los estudiantes universitarios (en forma decreciente a medida que aumentan los años de estudio), respectivamente. En síntesis, el estudiante firma el préstamo con el Banco y no con las casas de estudio. En forma repentina, las universidades han dado pie a dar mayor nivel de créditos, 40.000 en primera instancia, 49.000 en segunda después de la crisis después de lograr un acuerdo con el Gobierno.

Ahora, el problema está en que muchos estudiantes tendrán crédito y aval, pero por sus puntajes no podrán entrar a la universidad. ¿Qué pasa con los estudiantes de las Universidades de Los Lagos, UPLA y UTEM que postularon a estos créditos no podrán utilizarlos porque la CNAP rechazó actualmente sus acreditaciones? Estos temas tienen una importancia tal que no pueden dejarse sin una adecuada planificación y respuesta, y no puede ser que cuando ocurren nos preguntemos ¿Cómo no anticipamos esto?

La Comisión Administradora del Sistema de Créditos, que se encarga del proceso de selección, garantía a los planteles, determinar tasas de interés y licitar la cartera de créditos con los bancos, no ha estado a la altura de una institución que debe asegurar la confiabilidad del sistema, por una parte con los estudiantes que se acogen a dicha ayuda y por otra, con las instituciones financieras, que aseguran su sustentabilidad a futuro. Por ende, la tendencia a cortar el hilo “por lo más delgado”, habiendo renunciado su Director Christian Larraín no es lo que nuestro país se merece, cuyas actitudes nos llaman a dudar más de nuestras autoridades.

¿Qué podemos concluir? Sin el directo reclamo de las familias afectadas por el “error” por parte del ministerio, ¿habrían dado mayores opciones de crédito? ¿Son necesarias medidas de presión para que las autoridades actúen de acuerdo al mandato que tienen? No es posible ver en nuestro sistema educativo tales niveles de errores, negaciones e incluso cubrimientos frente a las responsabilidades más directas, por el único hecho de no afectar la imagen del gobierno. No es posible presenciar el silencio de nuestras autoridades, sumado a lo anterior, que se destinen recursos por errores de estos y no porque los estudiantes lo soliciten, que jueguen con las expectativas y las esperanzas de miles de familias y además jueguen con la credibilidad y la confianza que el sistema exige, más aún en temas tan sensibles como los educativos. Nosotros como jóvenes DC y estudiantes tenemos el derecho de exigir que nuestras autoridades estén a la altura de las circunstancias y respondan de manera satisfactoria con los requerimientos que sus funciones exigen. Nada más, nada menos.